Presuntos delincuentes

 En los centros comerciales, restaurantes y muchos otros lugares públicos, las videocámaras registran todos nuestros movimientos. Nos tratan como presuntos delincuentes con la aquiescencia borreguil del personal. La posibilidad de que alguien pueda hurtar una mercancía es la única justificación para considerar a todos los clientes como presuntos rateros.

El mismo argumento podríamos utilizar quienes somos grabados contra los responsables de las grabaciones: tratarles, a su vez, como presuntos delincuentes; dado que es posible una utilización delictiva de las imágenes así obtenidas, bien por cesiones no autorizadas, usos ilegales o accesos no autorizados, incluso por parte de los empleados (una conocida red de supermercados fue sancionada dos veces, una de ellas por haber quedado probado que algunos de sus trabajadores compartían en sus redes sociales imágenes de los clientes).

Por supuesto que tenemos a nuestra disposición herramientas para que los responsables de estos tratamientos de imágenes rindan cuenta de las grabaciones efectuadas, las fechas, quiénes han tenido acceso a ellas, si han sido o no cedidas, con qué fines y con qué autorización y exigirles, en su caso, que nos entreguen información certificada acerca de todos estos extremos.

Imaginen, por un momento, que los clientes de un centro comercial, un restaurante o cualquier otro lugar público, se pusiesen de acuerdo y solicitasen, a la vez, esta información.

Posiblemente, los responsables del establecimiento se replanteasen el uso de las videocámaras.